Estos delitos castigan a quien provoque un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad de las personas y sus diferentes tipos penales se regulan entre los delitos contra la seguridad colectiva en los arts. 351 a 358 CP.
Nos encontramos con que son delitos de riesgo, pues la simple puesta en peligro ya lo configura como tal sin necesidad de la producción del daño. ¿Qué ocurre si el delito se produce en un edificio o vivienda habitados? ¿Cuándo podemos hablar de tipos atenuados? ¿Qué requisitos cumplen los incendios forestales? ¿En qué consiste el incendio de bienes propios? ¿Cuándo puede hablarse de imprudencia grave? En el estudio jurisprudencial de esta Revista se estudian estas y otras cuestiones a través de las resoluciones dictadas por nuestros juzgados y tribunales.
Y, además, en la parte de Actualidad...
- El nuevo delito de estafa del art. 249 CP: ¿Admite delito leve si la cuantía es inferior a 400 ?? - Defensa letrada obligatoria en la jurisdicción penal - Tratamiento de la ?sentencia estorbo? en la acumulación de condenas

La gestión de los riesgos psicosociales en el seno de las empresas se integra en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y en el deber de protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, que recae sobre el empresario. De este modo, se deben adoptar medidas organizativas para prevenir y evitar problemas de salud mental de los trabajadores y, por ello, se convierte en una materia de especial
importancia en el seno de las empresas y para los asesores jurídico-laborales.
Así, precisamente, en el presente trabajo se efectúa un completo y riguroso análisis de la materia, ilustrado con la más reciente doctrina judicial y jurisprudencial, de modo que se dota a los operadores jurídicos del ámbito laboral de una herramienta útil, dinámica y eficaz, al objeto de servirles de guía en la aplicación práctica de la gestión de los riesgos psicosociales en el seno de las empresas, y
les permite afrontar de forma sencilla y natural todo el proceso de toma de decisiones preventivas para evitar los problemas de salud mental de los trabajadores. Dado que no podemos obviar que, entre los trabajadores europeos, el estrés, la ansiedad y la depresión constituyen el segundo problema de salud laboral más común y ello incide directamente en las tasas de absentismo.

La Ley de bienestar animal ha recogido que durante toda la vida del perro va a ser obligatorio contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil. En nuestra normativa hay que acudir al art. 1.905 del Código Civil (SP/LEG/2311) que impone, no al propietario, sino al poseedor o al que se sirva de un animal, la responsabilidad de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe.
En esta Jurisprudencia al Detalle se analiza qué comprende la responsabilidad civil del animal, aquello por lo que el precitado titular del animal debe responder según los Tribunales, para así delimitar las coberturas que podría llegar a tener el futuro seguro obligatorio, que se encuentra en suspenso hasta el desarrollo del reglamento correspondiente.

En la presente monografía analizamos en detalle nuestra Constitución española a través de esquemas que permiten al usuario comprender fácilmente su contenido y desarrollo, otorgándole la máxima eficiencia a la gestión de su tiempo. Además, se acompaña de una cuidada selección de respuestas a las preguntas que cada uno de los artículos de la Constitución plantea.
La obra, que contiene el texto íntegro y actualizado de la Constitución española -con la reciente reforma que afecta a su art. 49-, sigue la misma estructura que la norma que estudia y se compone de 24 esquemas más 265 preguntas y respuestas claras y concisas, que ayudarán al lector a comprender de forma definitiva el contenido y estructura de nuestra Carta Magna, convirtiéndose por ello en una obra de consulta eficiente y provechosa.

Si bien las campañas de vacunación han demostrado ser un eficaz elemento de salud pública, no puede desconocerse que las vacunas, como cualquier otro medicamento, tienen efectos secundarios que, de forma infrecuente, pueden llegar a ser graves. Mediante un estudio detallado de la jurisprudencia y de la doctrina de los órganos consultivos, la obra aborda diversos aspectos materiales y formales de la institución de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, a través de la que, actualmente, se canaliza la asunción por aquellas de los daños producidos. Las recientes campañas de vacunación frente a la COVID-19 sirven como referencia para explorar, además, otras formas jurídicas para la participación de la sociedad en el resarcimiento de las personas que sufren perjuicios como consecuencia de una vacunación realizada en beneficio de toda la comunidad.

Dentro del Libro II del Código Penal, el delito de robo se encuentra regulado en el Capítulo II, ?De los robos?, del Título XIII, ?Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico?, arts. 237 a 242.
Analizamos los elementos básicos del delito como son el ánimo de lucro, el apoderamiento de cosas ajenas y la fuerza en las cosas, en la que se incluyen el escalamiento o la fractura de cerraduras o puertas, entre otras. Respecto a los tipos agravados, examinamos supuestos del robo en casa habitada, en establecimiento abierto al público y la especial gravedad de que este sea perpetrado con violencia, con intimidación o con instrumentos peligrosos, así como los casos en que es aplicable el tipo agravado de menor entidad. ¿En qué casos se entiende que hay tentativa o consumación? ¿Qué particularidades tiene el delito continuado al tratarse de un delito patrimonial? En el estudio jurisprudencial contenido en la presente Revista se analizan estas cuestiones, entre otras, a través de las resoluciones dictadas por nuestros juzgados y tribunales en sus resoluciones.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Cómputo de los plazos de instrucción: ¿Se cuentan los de las incidencias durante la tramitación? · Los nuevos delitos contra los animales tras la Ley Orgánica 3/2003 · Blanqueo imprudente

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es quien paga tanto la prestación contributiva como los subsidios por desempleo. La obra aborda de forma novedosa las resoluciones judiciales dictadas a favor de los beneficiarios en conflictos determinantes en los distintos niveles de protección del desempleo en el ámbito de la Seguridad Social: el contributivo, el asistencial y el complementario. El estudio atiende específicamente a los aspectos prácticos, dado que realiza un examen de la forma en que la jurisprudencia interpreta y adapta dichos preceptos a las situaciones concretas.
Este trabajo resultará de indudable interés para los profesionales y expertos, ya que facilitará su labor de asesoramiento y gestión de conflictos frente al SEPE.

¿Las cláusulas pactadas en tu contrato de arrendamiento de vivienda son válidas o nulas?
Te ofrecemos 100 casos reales resueltos por los Tribunales en los que el arrendatario ha alegado nulidad de una cláusula obteniendo sentencia estimatoria, respecto al plazo de duración, su período mínimo o la prórroga legal, la revisión de renta, las reparaciones necesarias, la renuncia al derecho de subrogación o adquisición preferente, las garantías del arrendamiento, entre otras cuestiones.
El arrendamiento de vivienda, cuyo régimen aplicable contempla el art. 4, apdo. 2, de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, establece la posibilidad de regirse por los pactos determinados por la voluntad de las partes, pero siempre dentro de las previsiones legales del Título II ?De los arrendamientos de viviendas?, de ahí que las cláusulas pactadas en un contrato nunca podrán ir en contra del mismo, ni de lo establecido en los Títulos I y IV, de carácter imperativo, ya que serían nulas conforme señala el art. 6 de la citada Ley.
Presentamos esta práctica colección ?Casos ganados?, para conocer cuál es el criterio de los Tribunales, con el objetivo de agilizar el trabajo del profesional que pretenda alegar nulidad de una cláusula en el arrendamiento de vivienda.

La actividad de las viviendas de uso turístico está en auge. Según datos del INE (Encuesta EOAT de 2023), Canarias es el destino preferido en apartamentos turísticos, lo que se traduce desde hace años en una pormenorizada y abundante normativa turística.
Presentamos la Guía práctica completa que analiza en profundidad las viviendas vacacionales, reguladas en el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las Viviendas Vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, mostrando toda la legislación que afecta a la actividad turística de las islas, artículos de opinión, encuestas jurídicas, preguntas y respuestas, así como un esquema de las sanciones.
Resulta de gran interés la sección de jurisprudencia, donde el profesional puede comprobar el criterio fijado por los tribunales, destacando las sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el Reglamento de Viviendas Vacacionales. Igualmente, clasificamos las sentencias de las Audiencias Provinciales, a favor y en contra, sobre la polémica cuestión de si ?limitar o condicionar equivale a prohibir?, y exponemos otras resoluciones de máximo interés.
Por último, analizamos los aspectos tributarios del alquiler de las viviendas vacacionales y exponemos los modelos y formularios necesarios en esta actividad.
Una obra imprescindible para conocer todos los aspectos de las viviendas vacacionales en Canarias con el rigor jurídico de la Editorial Jurídica sepín.

La protección a las víctimas de violencia de género es una de las premisas más importantes a la hora de luchar contra esta lacra social. Conscientes de la ausencia en el mercado editorial de una obra de tales características, reunimos en esta monografía la jurisprudencia más actual y relevante sobre medidas civiles y penales de protección, reguladas en el Capítulo IV del Título V de la LO 1/2004, además de en otras leyes específicas.
Con esta práctica selección, se pueden responder a todas las preguntas sobre medidas de protección, desde la competencia para las medidas civiles en los diferentes momentos procesales, qué medidas civiles o penales son posibles, todo lo relacionado con la orden de protección a las víctimas, la resolución en que se adoptan y los recursos que caben contra la adopción o denegación de estas.